¿Tiene atractivo contratar con la Administración Pública?


Vivimos tiempos convulsos de crisis económica y continuo aumento en las tasas de desempleo, acompañados de serios recortes en la economía pública y privada. No dejamos de escuchar noticias sobre una prima desconocida que nos da continuos disgustos y de un déficit del que no sabíamos nada hasta que nos dijeron que, por ser el 8,51% en 2011, nos va a aguar la fiesta en 2012 y 2013, como mínimo.

Sin embargo, a pesar de este desolador paisaje, las empresas, por fin, van a cobrar 17.255 millones de euros que tienen en facturas pendientes con las administraciones públicas, lo cual supone un respiro para continuar navegando en medio de los vientos contrarios que soplan.

A pesar de los recortes, en 2011 se licitaron 300 millones de euros en Canarias por las diversas administraciones públicas, lo cual no deja de ser una cantidad significativa para autónomos y empresas. El pasado 17 de diciembre entro en vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se recogen las condiciones y procedimientos para acceder a estas licitaciones. Sin embargo, la maraña legal no siempre es transparente ni accesible fácilmente, y mucho menos su aplicación en la práctica, lo que dificulta la adecuada redacción de ofertas y su optimización para aumentar las posibilidades de adjudicación.

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