Siempre hemos pensado en ESETEC, que la formación de los trabajadores es una herramienta imprescindible para mejorar la productividad de las empresas. En la misma línea, siempre hemos defendido que formar a los desempleados es clave para potenciar sus posibilidades de recolocación y para evitar que la situación de desempleo, que debe ser siempre algo puntual, se convierta en crónica.
Nos hemos tomado siempre muy en serio la formación. Porque vivimos por y para facilitar el aprendizaje de los demás. Y nos escuece ver cómo otras personas viven sólo para aprovecharse de ello, de las necesidades de formación de nuestro país.
Viene esta reflexión a raíz del caso Aneri. Según informaciones aparecidas estos últimos días, el empresario cordobés José Luis Aneri habría desviado 15 millones de euros públicos provenientes de subvenciones para cursos de formación de diferentes organizaciones empresariales de la Comunidad de Madrid.
Al parecer, Aneri organizaba cursos de formación a través de empresas encabezadas por Sinergia Empresarial. Hasta aquí, todo normal. Lo anormal viene después: los cursos no existían y los alumnos tampoco, eran nombres sacados de listas que el empresario tenía de otros menesteres. Por todo ello, Aneri fue detenido este viernes por orden judicial y trasladado a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Un caso que sólo ha hecho que empezar y del que prometemos seguir informando.
En 2013, la Comunidad de Madrid le notificó que existían irregularidades, pero el empresario no contestó. Ahora le reclama 4,4 millones de euros. A la presunta estafa madrileña hay que añadir otros 11 millones de ayudas concedidas por el Ministerio de Empleo a otras empresas cercanas al empresario cordobés. Y es que parecer ser que la estafa no se circunscribe a Madrid sino que cobra dimensiones nacionales. Pronto, seguro, tendremos más noticias. Y mucho nos tememos que no serán buenas.
Y mientras, la reacción del Gobierno madrileño no se ha hecho esperar: cerrojazo a las ayudas a la formación, el Gobierno madrileño no concederá más subvenciones hasta que se aclare el caso. No recibirán dinero público ni las empresas investigadas ni las que no han hecho nada ilegal. ¿Puede hacer esto el presidente madrileño? No parece estar muy claro: La formación es un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores y los fondos proceden de la cuota que empresas y trabajadores destinan de su salario para la formación.
Sea como fuere, la conclusión parece clara: La codicia de unos pocos mata las aspiraciones de muchos otros. Formar es una obligación, formarse es un derecho. Pero para algunos, los fondos destinados a la formación son sólo una excusa para delinquir. Son los que nunca sintieron ningún respeto por la formación. Todo presuntamente, claro.
Imagen: Diario Crónica Norte